La palabra mamografías ha dejado de ser sinónimo de prevención para convertirse, en Andalucía, en el epicentro de una crisis sanitaria y política que ha sacudido los cimientos del Sistema Andaluz de Salud (SAS). Lo que comenzó como un conjunto de casos aislados ha destapado un fallo estructural que pone en evidencia un modelo sanitario debilitado, recortado y parcialmente privatizado.
Durante semanas, las voces de mujeres como Anabel o Purificación han puesto rostro al drama. Ambas confiaron en el programa público de cribado del cáncer de mama, se sometieron a sus mamografías rutinarias y esperaron —como tantas otras— a que el silencio institucional confirmara que todo estaba bien. Sin embargo, no lo estaba. La realidad es que ni el SAS ni los hospitales de referencia les comunicaron los resultados “no concluyentes” de sus pruebas hasta meses o incluso años después. Ese retraso fue suficiente para que el cáncer avanzara sin control. Manuel Gavira, portavoz de VOX en el Parlamento de Andalucía ha anunciado que impulsará una comisión de investigación para aclarar que ha pasado.
Anabel, sevillana de 52 años, descubrió un año después que vivía con un tumor maligno. Pasó por quimioterapia, radioterapia y una mastectomía que le cambió la vida para siempre. Purificación, vecina de Villanueva del Trabuco (Málaga), no tuvo la misma suerte: falleció en mayo de 2024 tras una metástasis que podría haberse evitado con un diagnóstico a tiempo. Su hija, Silvia, no solo denuncia la negligencia, sino también el vacío emocional que deja un sistema que debía protegerlas.
La asociación Amama ha recogido más de 130 casos acreditados y estudia otros 80. Mujeres de todas las provincias andaluzas se han visto afectadas por retrasos en la comunicación de resultados o en la realización de nuevas pruebas. Algunas tuvieron que acudir a la medicina privada para no perder tiempo, endeudándose para salvar su vida. La situación ha generado una desconfianza generalizada hacia la sanidad pública andaluza, un sistema que parecía sólido pero que ahora muestra grietas profundas.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, intentó inicialmente minimizar el problema —hablando de “cuarenta casos”— hasta que la propia Consejería de Salud reconoció más de dos mil mujeres sin notificar. Su posterior destitución de la consejera no ha logrado calmar la indignación. Porque, como advierten los profesionales, el origen no está en un despacho aislado, sino en un modelo que desde hace años sufre falta de personal, saturación, subcontratación de servicios y una preocupante pérdida de control en los protocolos médicos.
Las mamografías subcontratadas a empresas privadas, realizadas en unidades móviles que aparcan incluso frente a centros de salud urbanos, ilustran la precarización de un sistema público sobrecargado. Se ha pretendido justificar el silencio con el argumento de “evitar ansiedad” a las pacientes, pero ese paternalismo se ha cobrado vidas.
El llamado “caso mamografías” es más que un error administrativo: es el síntoma de un SAS enfermo. Un sistema que necesita una revisión profunda, recursos humanos suficientes y una gestión transparente que devuelva la confianza a los ciudadanos. Porque detrás de cada estadística hay una mujer, una familia y una historia que no puede repetirse.
