El Senado, dominado por el Partido Popular (PP), ha vetado el Proyecto de Ley de Eficiencia de la Justicia, que buscaba implementar juicios rápidos para los okupas y eliminar las ‘golden visa‘. Esta decisión impide la agilización de los desalojos de viviendas ocupadas ilegalmente, manteniendo los prolongados procesos judiciales actuales.
El pasado 14 de noviembre, el Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Eficiencia de la Justicia, orientado a modernizar el sistema judicial español. Entre sus medidas destacaba la inclusión de los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda en el procedimiento de juicios rápidos, permitiendo que estos se resolvieran en un plazo aproximado de 15 días. Es sorprendente que el Partido Popular haya actuado a favor de los okupas.
Además, la ley proponía la eliminación de las ‘golden visa’, visados de residencia otorgados a extranjeros que realizan inversiones inmobiliarias. Esta medida pretendía regular el acceso a la residencia en España mediante inversiones de alto valor.
Sin embargo, el Senado, donde el PP posee mayoría absoluta, ha aprobado un veto contra el proyecto, argumentando deficiencias en la técnica normativa y falta de planificación adecuada. Según el informe de la ponencia, el PP sostiene que la ausencia de una correcta técnica legislativa genera confusión y atenta contra la seguridad jurídica.
Este veto implica que el proyecto regresa al Congreso de los Diputados, que tiene la facultad de levantarlo y continuar con la tramitación de la ley. Mientras tanto, los procesos judiciales en casos de viviendas seguirán su curso habitual, sin la agilización que proponía la ley vetada.
La okupación de viviendas es un problema que preocupa muchos a los españoles, los procedimientos judiciales suelen ser largos y complejos, especialmente en casos de usurpación, donde se requiere una orden judicial para proceder al desalojo.
La decisión del Senado de vetar el Proyecto de Ley mantiene el estado actual de los procesos judiciales en casos de okupación . La propuesta de implementar juicios rápidos para estos delitos, que buscaba una resolución más expedita y efectiva, queda en suspenso a la espera de nuevas deliberaciones en el Congreso de los Diputados.
Fuentes: Idealista y El Español
